En una situación de crisis el derecho a la
información es más importante que nunca. Con España en estado de alarma, el
Gobierno disfruta de unos poderes muy superiores a los normales, por lo que es
importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el
Parlamento ha limitado enormemente su actividad. La principal forma de ejercer
esta función desde el periodismo es a través de las preguntas -y las
repreguntas- a los miembros del Gobierno.
Sin embargo, la Secretaría de Estado de
Comunicación ha organizado un sistema en el que todas las preguntas enviadas
por los periodistas pasan necesariamente por el filtro del secretario de
Estado, que es quien se está ocupando personalmente de formulárselas al
presidente, a los ministros o a los técnicos.
Es más, el propio secretario de
Estado ha llegado a formular alguna pregunta al presidente del Gobierno, o
incluso ha tratado de corregir públicamente a alguno de los técnicos.
Las dificultades técnicas no son más que
excusas. Otros actores políticos, nacionales e internacionales, realizan ruedas
de prensa telemáticas en las que los periodistas habituales formulan las
preguntas directamente a través de video llamada. De esta manera, tienen la
posibilidad de preguntar directamente, lo que les permite formular la cuestión
después de haber escuchado la comparecencia. Del mismo modo, tienen la
posibilidad de repreguntar.
Es así, y sólo así, como las personas que dan la
rueda de prensa no pueden responder con evasivas, tal y como ha sucedido reiteradamente
en las ruedas de prensa organizadas en el Palacio de La Moncloa.
Estas líneas no tienen como objetivo defender
ni condenar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, sino
garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su función sin
mordazas y sin dificultades añadidas. Estas no son más que excusas para
controlar a la prensa. Que las preguntas al Gobierno las formule un miembro del
propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la
información. Su consecuencia deriva en una nueva forma de censura a los medios
y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes
esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla.
En ningún caso la declaración del estado de
alarma supone una merma en la aplicación del artículo 20 de la Constitución
Española, que reconoce un derecho fundamental como es el derecho «a comunicar o
recibir libremente información veraz» (20.1.d CE) y que el ejercicio del mismo
«no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» (20.2 CE).
Por todo ello, reclamamos el inmediato cambio
del procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecencias de miembros
del Gobierno y solicitamos el apoyo de los profesionales de la comunicación a
una reivindicación no partidaria que mejorará la calidad democrática en España
y el ejercicio de nuestros derechos civiles amparados en la constitución,
máximo garante de nuestra convivencia, especialmente en situaciones
excepcionales como la que vivimos.
En una situación de crisis el derecho a la
información es más importante que nunca. Con España en estado de alarma, el
Gobierno disfruta de unos poderes muy superiores a los normales, por lo que es
importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el
Parlamento ha limitado enormemente su actividad. La principal forma de ejercer
esta función desde el periodismo es a través de las preguntas -y las
repreguntas- a los miembros del Gobierno.
Sin embargo, la Secretaría de Estado de
Comunicación ha organizado un sistema en el que todas las preguntas enviadas
por los periodistas pasan necesariamente por el filtro del secretario de
Estado, que es quien se está ocupando personalmente de formulárselas al
presidente, a los ministros o a los técnicos.
Es más, el propio secretario de
Estado ha llegado a formular alguna pregunta al presidente del Gobierno, o
incluso ha tratado de corregir públicamente a alguno de los técnicos.
Las dificultades técnicas no son más que
excusas. Otros actores políticos, nacionales e internacionales, realizan ruedas
de prensa telemáticas en las que los periodistas habituales formulan las
preguntas directamente a través de video llamada. De esta manera, tienen la
posibilidad de preguntar directamente, lo que les permite formular la cuestión
después de haber escuchado la comparecencia. Del mismo modo, tienen la
posibilidad de repreguntar. Es así, y sólo así, como las personas que dan la
rueda de prensa no pueden responder con evasivas, tal y como ha sucedido
reiteradamente en las ruedas de prensa organizadas en el Palacio de La Moncloa.
Estas líneas no tienen como objetivo defender
ni condenar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, sino
garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su función sin
mordazas y sin dificultades añadidas. Estas no son más que excusas para
controlar a la prensa. Que las preguntas al Gobierno las formule un miembro del
propio Gobierno revela falta de transparencia y un interés por controlar la
información. Su consecuencia deriva en una nueva forma de censura a los medios
y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos a los que se reclama enormes
esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla.
En ningún caso la declaración del estado de
alarma supone una merma en la aplicación del artículo 20 de la Constitución
Española, que reconoce un derecho fundamental como es el derecho «a comunicar o
recibir libremente información veraz» (20.1.d CE) y que el ejercicio del mismo
«no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa» (20.2 CE).
Por todo ello, reclamamos el inmediato cambio
del procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecencias de miembros
del Gobierno y solicitamos el apoyo de los profesionales de la comunicación a
una reivindicación no partidaria que mejorará la calidad democrática en España
y el ejercicio de nuestros derechos civiles amparados en la constitución,
máximo garante de nuestra convivencia, especialmente en situaciones
excepcionales como la que vivimos.